Observatorio de la Justicia:
Por: Dro. Erwin Lobos Ríos
Presidente del Instituto de Derecho
Constitucional, Garantismo y Justicia
A partir de la Constitución de 1985 podemos afirmar que
se inicia la construcción de un Estado constitucional de Derecho, esencialmente
fundado en la supremacía constitucional. Desde luego que hay que reconocer que
la institucionalidad del Estado es un proceso multifactorial en la que
concurren diversos componentes, actores, circunstancias, coyunturas,
especialmente demandas político sociales. Históricamente el Estado en sus
varias constituciones se ha fortalecido en la medida que se privilegia
especialmente el poder con fuerzas policiacas y militares. Esto ha facilitado
que existan presidentes provinciales, dictadores y semimonarcas, o que se siga
en una anomia es decir sin sujetarse
a las leyes esencialmente ejerciendo fuerza, con libertades coartadas o
sosteniéndose con “criterios” o planes burocráticos a despecho de un verdadero
Estado Constitucional de derecho. El país necesita abandonar las ideologías y
retomar los principios esencialmente de orden político constitucional,
inclusive llegando a la refundación de una segunda República. Sin embargo, por
la conflictividad en la que vive el país, la constante guerra de posiciones y
la que pareciera inagotable lucha por el poder, impiden y hacen nugatoria la
posibilidad no coyuntural sino necesaria e histórica de perfeccionar el estado
construyendo permanentemente el orden, la justicia y la paz, con especial énfasis
en una permanente defensa de los derechos fundamentales de los guatemaltecos y
ciudadanos. Intereses extraños y además espurios ligados a intereses de
seguridad de vecinos de nuestro país,
con la dolarizada opinión de países
europeos, se pretende llevar más bien sesgar la ruta institucional del país
hacia situaciones de quebrantamiento del orden constitucional incluso fundadas
en unos simples sentimientos o precarias opiniones. Con relatos falsos se está
promoviendo irrumpir el orden constitucional, incluso con opiniones públicas
como por ejemplo que la transición del país
se ha terminado y hay que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Diga si
no es eso romper el orden constitucional. Y esto es afirmado por un académico,
exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad. Lo que necesitamos es desarrollo,
aplicación, controles, protección, para cumplir con el mandato
constitucional. Toda la actuación de
los diputados, así como toda gestión gubernamental, PARA QUE EXISTA, PARA QUE SE DE Y PARA QUE OPERE LA SUPREMACÍA
CONSTITUCIONAL, y el orden legal debe cumplirse con los mandatos constitucionales,
con la actuación y la administración de la Justicia, adecuándose a las normas, principios, valores conceptos,
garantías y controles para lograr la
promoción humana como evidencia de que se trabaja para el bien común no para
intereses. Rechacemos los movimientos
ajenos a la integridad del poder soberano del pueblo de Guatemala y a los
promotores del debilitamiento y fractura, del Estado. No son instituciones
propiamente sino organismos diseñados
por el poder soberano para conducir la paz y el orden de los guatemaltecos.
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