Los
pactos colectivos, privilegios y exoneraciones son las raíces de todo lo malo
en Guatemala.
Cada
persona tiene Derechos Humanos y Garantías Constitucionales para velar que
entidades públicas no abusen, suspendan o anulen las condiciones básicas que
deben existir siempre para cada individuo. La ideología y la perversión surgen
en el momento que las personas creen que el Estado de Guatemala fue creado para
proveerle a cada guatemalteco y cumplirle con todos sus Derechos Humanos
fundamentales. Proveerle de educación, salud, seguridad, empleo, habitación,
familia, religión, infraestructura, etc. Proteger y velar no es lo mismo que
proveer. Tampoco es posible para el Estado dar, sin recibir, ya que el
principio básico de la siembra y la cosecha también es válido para nuestra
república. Si no hay personas que proveen de tributos y contribuciones al Estado
e instituciones públicas, las mismas no tienen recursos para poder proveerle a
la población de servicios esenciales necesarios para la convivencia pacífica y
el desarrollo social. Entonces sólo aquellas personas que pueden ser
productivas, reciben a cambio del pago de sus impuestos, servicios esenciales
de las Instituciones Públicas. Las personas pobres que no pueden proveerse de
sustento, de habitación, educación, salud o trabajo, tampoco cumplen con sus
obligaciones sociales y responsabilidades con Guatemala.
Entonces,
el Estado vela y protege al ciudadano de los abusos, pero no le provee de cada
uno de los Derechos Humanos que por Ley Natural y nuestra Constitución enumera
y establece. El Estado cumple su mandato de no oprimir los Derechos Humanos de
su población. Por ideología y mezquindad, muchos ahora exigen al Estado e
instituciones públicas sus Derechos Humanos. Pese a una restricción
constitucional, los sindicatos y funcionarios públicos viven y se sirven de los
ingresos públicos para sus mejoras laborales e incrementos salariales.
Recordemos que la función pública es servir al pueblo de Guatemala, y no
servirse del pueblo de Guatemala. De ésta misma manera funcionan todas las
instituciones públicas, sus funcionarios y empleados públicos, velan primero
por sus intereses, y no cumplen con sus funciones y servicios esenciales.
Sólo
se puede cambiar el sistema actual si Guatemala y todos sus ciudadanos inician
a cumplir con nuestra Constitución y Sistema Legal vigente. Es necesario
eliminar los pactos colectivos porque todos buscan otorgarle privilegios a
todos los empleados por igual, cuando nuestra Constitución y Sistema Legal
valora y defiende al individuo. O sea, cada persona es única y merece una
retribución única. Nadie trabaja en grupo, o grupos, y merece recibir
retribuciones que no ha trabajado o merecido. Los cheques al final del mes, son
individuales y no colectivos.
La
igualdad de oportunidades y derechos no significa que a todos se les debe pagar
o tratar igual. Son condiciones mínimas y garantías de que las instituciones
públicas y el Estado de Guatemala no va a limitar, expropiar, suspender o
obviarle a nadie. Como individuos únicos e irrepetibles no se nos puede pagar
como al vecino que no es una copia exacta de nosotros, ni mucho menos se
parece.
Las
exoneraciones y privilegios son malos porque le otorgan a unos pocos beneficios
que no reciben todos. Si no hay privilegios o exoneraciones, entonces las
condiciones para todos se vuelven más iguales y justas. No es posible que los
empleados públicos, sindicalistas públicos, obtengan varios meses de
vacaciones, arriba de los diez y ocho sueldos cada año, por ni siquiera cumplir
sus funciones y servicios esenciales que exige su entidad o el sistema legal
vigente.
Ninguna
persona puede beneficiarse perjudicando al resto. No es legal ni es igual ni es
justo. Sólo si todos los guatemaltecos
entendemos que los derechos los obtenemos cuando los ejercemos por nosotros
mismos, no a costas de nadie más, iniciaremos por el camino correcto hacia el
desarrollo. Sólo si todos somos responsables por nosotros mismos y los
nuestros, podemos exigir que todos hagan lo mismo (volverse responsables por
ellos mismos).
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