Amcham Alerta Crisis en Inversiones por Cierre de Minera San Rafael

AmCham alerta crisis en inversiones 

por cierre de Minera San Rafael

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, Amcham, ante la confirmación por parte de la Corte de Constitucionalidad, CC, de suspender provisionalmente las operaciones de Minera San Rafael, las autoridades electas de AmCham expresan su preocupación ante las pérdidas económicas, fiscales y laborales para el país que esta decisión ha provocado, afectando a inversionistas, proveedores, empleados, municipalidades en el área de influencia del proyecto y al Estado de Guatemala.

Juan Pablo Carrasco, Presidente Amcham.

Fuera del tema económico, la falta de certeza jurídica que las altas cortes están enviando, a los inversionistas nacionales e internacionales, por sus fallos, altamente irregulares.

Juan Pablo Carrasco, actual Presidente de AmCham en Guatemala, indicó que, "Desde el año 2014 Minera San Rafael, una de las minas de plata y oro más grandes del mundo, ha realizado fuertes inversiones y promovido un desarrollo sustancial no solo a nivel de la comunidad, sino también a nivel nacional. La suspensión temporal de sus licencias operativas no solo afecta a la mina, sino que también acarrea un impacto directo en el desarrollo socioeconómico del país, ya que como Estado se esté desincentivando y enviando un mensaje negativo a cualquier potencial inversionista que tenga la intención de mover capital al país."

Una industria que cumple sus obligaciones

A pesar del cese de operaciones, Minera San Rafael ha continuado cumpliendo sus acuerdos, e incluso en este mes ha pagado regalías a la Municipalidad de San Rafael las Flores por un monto de 6 millones 246 mil quetzales.

Discrecionalidad en fallos de las cortes

La CC ya estableció un precedente en el caso OXEC, el cual se debería considerar en aras de fortalecer la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en el país.

Daños irreparables a Guatemala

Con esta suspensión de operaciones se ha puesto en riesgo más de 17 mil empleos directos de los cuales dependen más de 85 mil guatemaltecos, así como los más de 5 millones que dejan de ingresar diariamente al país por la operación, y los más de 120 millones de dólares en inversión anual y pago a proveedores.

Carrasco puntualizó que, "Desde la perspectiva del inversionista, la acción tomada ha causado una pérdida del 45% del valor en bolsas internacionales de la entidad Tahoe Resources, Inc. propietaria de la Minera San Rafael. Es de suma importancia mencionar que, al contar con capital estadunidense, es una empresa amparada bajo el Capítulo X de Inversión del DR-CAFTA, lo cual la habilita para plantear una demanda internacional millonaria de protección al inversionista en contra del país."

Guatemala paga por los fallos ilegales de las cortes

Este tipo de demandas se plantean ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI-.  En los casos de TECO y FERROVIAS, el Estado de Guatemala fue condenado al pago de 16 millones y 18.6 millones de dólares, en concepto de indemnización por los daños causados al inversionista. Aparte de las pérdidas socioeconómicas que la suspensión en sí conlleva, es preocupante ver que el caso de Minera San Rafael pueda resultar en una demanda internacional que potencialmente representará una indemnización millonaria en contra del país.